El desafío
El ministerio de Seguridad terminará con el insensato autogobierno policial, una de las grandes deudas de la democracia. CFK propicia una salida política para el conflicto social sin ignorar qué fuerzas actuaron para gatillarlo. La convocatoria a quien supo conducir y reformar a las Fuerzas Armadas señala un camino. La seguridad no es incompatible con la ley y los Derechos Humanos, los problemas sociales no tienen solución represiva y no hay espacio para la desetabilización.
La presencia de una docena de representantes de organizaciones sociales y políticas en el salón de los escritores y pensadores argentinos de la Casa de Gobierno, desde donde señalaron las carencias de la política del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que condujeron a los gravísimos enfrentamientos entre vecinos en el Parque Indoamericano, ejemplifica en forma inmejorable la definición formulada el viernes por la presidente CFK de que no permitirá una respuesta represiva a un grave conflicto social. Esto obligó incluso al ingeniero Maurizio Macrì a bajar la bandera de la xenofobia y la intransigencia absoluta con los reclamos de los sectores más débiles de la sociedad y presentarse él también acompañado por tres dirigentes de entidades de Paraguay y Bolivia, luego de haber utilizado barras bravas y punteros para azuzar a los vecinos asustados de modo que atacaran a los habitantes de las villas. El acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos permitió el empleo de tropas de Gendarmería para perimetrar el espacio del Parque Indoamericano en el que continuarán los ocupantes hasta que se encamine una solución definitiva y el de comandos de Prefectura para patrullar los sublevados barrios vecinos. La creación de un ministerio de Seguridad completa el mensaje: conducción política de las fuerzas de seguridad, con respeto por el orden constitucional y los Derechos Humanos. Como en los preparativos de la masacre de Ezeiza en junio de 1973, la asociación gremial de los trabajadores municipales participó en la movilización de esos civiles armados. Entonces se llamaba UOEM y hoy SUTECBA, pero su conducción sigue estando en manos de Amadeo Nolasco Genta y Patricio Datarmini.Para gatillar el conflicto, centenares de pobres de solemnidad fueron traídos en colectivos y camiones pagados por el esposo de Graciela Camaño desde Tigre, Pilar, Moreno, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora, sin que la estructura política y policial de la provincia de Buenos Aires lo avisara al Poder Ejecutivo. Como en el asedio a la Legislatura porteña en julio de 2004, barrabravas del fútbol vinculados con Macrì intervinieron en el desencadenamiento de la violencia. Como en uno y otro caso, la política y los negocios se cruzaron en forma espuria. El gobierno camporista de 1973 avanzó indefenso hacia su consumación porque no comprendió la deliberada manipulación de lo que sucedía, según los pasos de “La técnica del golpe de Estado”, descrita en 1931 por Curzio Malaparte. El de Néstor Kirchner en 2004 advirtió lo que estaba en juego y se consolidó: impuso un criterio novedoso en la política argentina, por el cual las fuerzas de seguridad no pueden portar armas letales para el control de manifestaciones de protesta social, que deben encaminarse por la vía de la negociación política y la asistencia a las necesidades en juego. El de Cristina enfrenta el desafío a un mes y medio de la muerte de su esposo y líder político y, luego de un grave error inicial, ha respondido con sensibilidad e inteligencia, sin ignorar la intencionalidad de los episodios ocurridos cuando celebraba el tercer aniversario de su mandato y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo que sus enlaces políticos con Macrì instigaban la violencia, el ex senador Eduardo Duhalde reclamaba desde Estados Unidos la imposición del orden. CFK reiteró la decisión de Kirchner de eludir las respuestas represivas a problemas políticos y sociales y asumió la difícil decisión de terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad, que no podía prolongarse sin graves riesgos. La creación de un Ministerio de Seguridad y la designación para ocuparlo de quien demostró capacidad y firmeza para conducir y reformar las Fuerzas Armadas llega cuando la conducción civil de las fuerzas de seguridad se había demostrado impostergable y cuando el conflicto en la zona más pobre de la Capital quedó fuera de control. De ahora hasta el miércoles, cuando asuma Nilda Garré, el rostro político y asistencial del Estado deberá desescalarlo. En los términos del sociólogo francés Loïc Wacquant, quien ha estudiado este fenómeno en su país y en Estados Unidos, el regreso del Estado Providencia es la alternativa progresista al Estado Penitencia del neoliberalismo.
F.: Pagina 12
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